Una cumbre en Madrid constata la necesidad de 223 millones para recuperar el sector agrario de La Palma. Mientras el Estado busca fórmulas para sortear los presupuestos prorrogados, los afectados denuncian que los trabajos ya están detenidos por falta de liquidez.
La reconstrucción agrícola de la isla de La Palma se encuentra en un punto crítico. Así ha quedado patente tras una importante reunión de trabajo celebrada en Madrid, que ha congregado a representantes del Ministerio de Política Territorial, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Agricultura, el Gobierno de Canarias y la asociación de afectados Asepalma. Aunque existe un consenso unánime sobre la necesidad de terminar de recuperar el principal motor económico de la isla, la falta de fechas concretas y los obstáculos burocráticos mantienen al sector en vilo.
223 millones: la cifra del consenso
Durante el encuentro, las partes han logrado poner sobre la mesa una cifra clara y definitiva. Según los cálculos exhaustivos presentados por el sector y respaldados por las instituciones, se necesitan 223 millones de euros para concluir la reconstrucción integral del campo palmero.
Esta cuantía debe destinarse a tres pilares fundamentales:
-
Recuperación total de la superficie agraria sepultada o aislada por la lava.
-
Restablecimiento de suministros, especialmente la instalación y conexión de las vitales redes de agua.
-
Reconstrucción de infraestructuras logísticas necesarias para el desarrollo de la actividad.
Tanto el portavoz del Gobierno de Canarias como el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han confirmado el compromiso del Gobierno de España para asumir esta financiación dentro del plan global de reconstrucción y concluir los trabajos durante la presente legislatura.
La urgencia de los 100 millones bloqueados
El principal caballo de batalla actual es una partida de 100 millones de euros que ya está contemplada en los presupuestos, pero que se encuentra bloqueada administrativamente. Ángel Víctor Torres explicó que, al encontrarse los Presupuestos Generales del Estado prorrogados, estos fondos no se liberan de forma automática, sino que requieren de un mecanismo específico para su activación.
Ante esta situación, la representante del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha exigido máxima celeridad, instando a utilizar la misma vía administrativa que en 2023: llevar la partida al Consejo de Ministros y publicarla en el Boletín Oficial del Estado.
«Lo que hemos pedido es: transfiérase el dinero, utilicen el mismo camino porque ya existió. Necesitamos que ese dinero llegue en julio mejor que en agosto», enfatizó Barreto, alertando del colapso inminente.
El Ministerio se ha comprometido a estudiar con Hacienda esta fórmula para forzar la liberación de esta inyección inminente, apoyándose en el Real Decreto Ley de medidas urgentes aprobado el pasado mes de diciembre.
Los agricultores denuncian el «parón absoluto»
A pesar de las buenas intenciones y el compromiso institucional, los verdaderos protagonistas —los agricultores afectados— han salido de la reunión con un sabor amargo. Desde Asepalma reconocen que han sido escuchados, pero muestran su profunda decepción al no haber obtenido la única respuesta que necesitaban: una fecha concreta de ingreso.
El colectivo ha querido desmentir que exista un «temor a futuro» sobre la paralización de las obras, dejando claro que se trata de una dura realidad del presente: los trabajos ya están paralizados.
La falta de recursos económicos ha obligado a detener las máquinas y la actividad sobre el terreno. Para los afectados, la derivación del problema a «mesas de estudio técnico» entre administraciones no es suficiente. El campo palmero agota su paciencia y sus recursos, advirtiendo de que el sector primario de la isla no puede permitirse que los plazos burocráticos se sigan dilatando.
