Un decreto ley aprueba ayudas para los afectados por la erupción volcánica de La Palma con rebaja del 60% del IRPF en 2026 y 100 millones para el sector primario

El Gobierno ha aprobado un decreto ley que recoge medidas específicas para la reconstrucción económica y social de La Palma tras la erupción volcánica de 2021, destacando una reducción del 60% del IRPF para todos los residentes de la isla en 2026 y la habilitación a Canarias para destinar 100 millones de euros del superávit de 2025 al sector primario.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha subrayado que el texto busca impulsar la recuperación de la isla con medidas fiscales y de apoyo directo a la actividad económica, en un contexto marcado por los impactos persistentes de la erupción volcánica de 2021. Entre las novedades, la rebaja del 60% del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para todos los residentes de La Palma durante 2026 se perfila como una de las palancas principales para aliviar la carga fiscal de familias y autónomos.

El decreto también habilita a la Comunidad Autónoma de Canarias a destinar 100 millones de euros procedentes del superávit de 2025 al sector primario, un sector estratégico para la isla y especialmente afectado por la crisis volcánica. Esta inyección de fondos pretende reforzar la viabilidad de explotaciones agrarias y ganaderas, así como fomentar la reactivación de las cadenas de valor locales vinculadas al agro.

Además, el texto incluye una moratoria para los agricultores de los tres municipios más afectados —El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte— que habían solicitado créditos y una prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos, con el objetivo de evitar situaciones de impago y facilitar la continuidad de la actividad en un escenario de recuperación aún en curso.

Las medidas se enmarcan en un paquete de reconstrucción económica y social que el Gobierno vincula directamente a la erupción volcánica de 2021, con instrumentos que combinan alivio fiscal, financiación orientada al sector productivo y protección a colectivos especialmente vulnerables, como agricultores y autónomos en situación de cese de actividad

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