El Gobierno de Canarias ha iniciado la modificación de la normativa que regula el teletrabajo en la Administración pública autonómica y ha solicitado al Consejo Consultivo el dictamen sobre el nuevo decreto, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto.
La reforma busca actualizar el Decreto 74/2023 a partir de la experiencia acumulada en los dos últimos años y corregir disfunciones detectadas, con el objetivo de mejorar la eficacia del teletrabajo y avanzar hacia un modelo de gestión basado en objetivos.
Entre los principales cambios, se establece que el silencio administrativo será negativo en los procedimientos de autorización, de modo que, si no hay resolución expresa en un plazo máximo de tres meses, la solicitud se entenderá denegada. Además, se exigirá que los puestos de trabajo estén previamente catalogados como susceptibles de desempeñarse en remoto.
El nuevo decreto también introduce requisitos para el personal solicitante, como haber trabajado al menos un año en la Administración autonómica y haber desempeñado el puesto —o uno equivalente— durante un mínimo de tres meses consecutivos. Asimismo, será necesario acreditar competencias en el uso de herramientas digitales, disponer de un espacio adecuado para teletrabajar con conexión a internet y contar con los medios tecnológicos corporativos requeridos.
La persona responsable de cada unidad deberá elaborar un plan individual de trabajo para quienes soliciten esta modalidad y obtengan informe favorable. Con esta actualización normativa, el Ejecutivo autonómico pretende consolidar un modelo de teletrabajo más organizado, eficiente y adaptado a las necesidades del servicio público.
