La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha anunciado este martes, en una comparecencia celebrada en Santa Cruz de La Palma, que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aceptado incorporar el almacenamiento energético como recurso de emergencia para los territorios no peninsulares, un cambio normativo que permitirá reforzar la garantía de suministro eléctrico en la isla de La Palma. La medida se enmarca en la aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto-ley por el que se adoptan determinadas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio y que puede consultarse en el Boletín Oficial del Estado del 30 de junio.
Esta modificación supone un avance decisivo para responder a la situación energética de la isla, ya que hasta ahora el artículo 59 del Real Decreto 738/2015, que regula la retribución por adopción de medidas temporales y extraordinarias para garantizar la seguridad de suministro, contemplaba la posibilidad de recurrir a recursos de emergencia cuando existiera riesgo de cobertura de la demanda, pero dejaba fuera a los sistemas de almacenamiento mediante baterías.
El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, destacó que este acuerdo es fruto del arduo trabajo desarrollado durante los últimos años por el Ejecutivo autonómico. “Hemos conseguido que las baterías sean consideradas recurso de emergencia para dar respuesta a la situación de La Palma. Volvemos a lograr nuestros objetivos en una negociación con el Ministerio y damos una solución a una demanda prioritaria para la isla”, afirmó.
En este sentido, explicó que “no hemos esperado a que todos los pasos estuvieran cerrados para empezar a trabajar, sino que nos hemos adelantado a los acontecimientos para que podamos tener las baterías asignadas e instaladas lo antes posible”.
Asimismo, señaló que este nuevo hito energético en La Palma se une a los ya alcanzados durante la legislatura, con acciones como la inclusión del corredor sur en la planificación estatal, la futura subestación de Tajuya, el nuevo amortiguador eléctrico en la subestación de las Breñas o la resolución del concurso convencional de generación para la renovación de las centrales tras más de 13 años de espera.
De esta forma, afirmó que todos estos pasos, que se han dado de manera continuada y con una rapidez excepcional, responden al trabajo constante de la Consejería “que no ha parado de batallar para que las islas cuenten con un sistema eléctrico moderno y con garantías, con el fin último de garantizar el suministro de la ciudadanía, de los servicios básicos como colegios o residencias de mayores, de las empresas o de las administraciones públicas”.
La modificación normativa permitirá que, cuando el operador del sistema detecte problemas de cobertura derivados de la falta de reserva rodante y sea necesario aplicar planes de deslastre, puedan instalarse sistemas de almacenamiento mediante el procedimiento de emergencia, previa solicitud de la Comunidad Autónoma y autorización del Ministerio respecto a la financiación de la actuación.
El director general de Energía, Alberto Hernández, explicó que la Consejería ya trabaja de forma paralela en la preparación del procedimiento administrativo que permitirá poner en marcha estas instalaciones. “Llevamos meses elaborando el borrador de una convocatoria específica para asignar la potencia de almacenamiento que necesita La Palma, siguiendo un modelo similar al que utilizamos para la emergencia convencional, de manera que podamos seleccionar la solución técnica más adecuada y avanzar con la mayor rapidez posible”, señaló.
Asimismo, indicó que las estimaciones técnicas actuales apuntan a la necesidad de disponer de alrededor de 16 megavatios de potencia con una capacidad de almacenamiento de dos horas, aunque esta cifra deberá confirmarse mediante el informe definitivo del operador del sistema.
La financiación prevista contempla que el Ministerio asuma el 25 % del coste de la actuación, mientras que el Gobierno de Canarias aportaría el 75 % restante, para lo que la Consejería trabaja ya en la captación de financiación a través de diferentes fondos.
Con esta actuación, el Ejecutivo autonómico pretende reforzar la seguridad del sistema eléctrico palmero mientras continúan desarrollándose las soluciones estructurales que permitan garantizar el suministro a largo plazo.
La incorporación del almacenamiento energético como recurso de emergencia permitirá que, ante incidencias en los grupos de generación o averías que comprometan el suministro eléctrico, las baterías puedan aportar energía de forma inmediata, evitando así cortes en el suministro eléctrico.
Desde la Consejería de Transición Ecológica y Energía se insiste en que el objetivo es acelerar todos los procedimientos para que La Palma disponga de estas infraestructuras en el menor tiempo posible, reforzando así la resiliencia de su sistema eléctrico y mejorando la seguridad del suministro para la ciudadanía.
