- La Diputada del Común señala que el cierre temporal en la Escuela Infantil Anaga evidencia un riesgo del que las trabajadoras ya alertaron en mayo y que el Informe Anual 2025 había detectado: la falta de personal y de cobertura de bajas.
- Padrón defiende que la conciliación y el acceso estable a los servicios básicos son imprescindibles para mantener población, avanzar en igualdad y construir territorios más vivos y resilientes frente al cambio climático.
Santa Cruz de Tenerife, 22 de septiembre de 2026.– El cierre temporal del aula de 2 a 3 años de la Escuela Infantil Anaga los pasados días 18 y 21 de septiembre ha vuelto a poner sobre la mesa un problema sobre el que la diputada del Común, Lola Padrón, ya había advertido: la falta de personal y de mecanismos ágiles para cubrir las bajas puede terminar comprometiendo la continuidad de un servicio esencial para las familias.
La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias atribuyó este episodio concreto a la coincidencia de tres bajas por enfermedad, mientras que Intersindical Canaria ha cuestionado la reorganización de la plantilla realizada al comienzo del curso y reclama una dotación estable de recursos humanos.
Para Padrón, más allá de las circunstancias concretas del cierre, lo sucedido evidencia un riesgo que ya había sido planteado ante la institución. El pasado mes de mayo, durante el encuentro mantenido con trabajadoras de las escuelas infantiles de Canarias, familias y representantes sindicales y vecinales, el colectivo denunció que las bajas podían tardar meses en cubrirse y advirtió de que esa falta de sustituciones podía obligar a reorganizar grupos o incluso cerrar aulas por la imposibilidad de mantener la actividad con normalidad.
“Lo sucedido en Anaga demuestra por qué es importante atender las señales antes de que los problemas terminen afectando directamente a las familias. Hoy tenemos un ejemplo concreto de ese riesgo”, señala Padrón.
La preocupación tampoco era nueva. El Informe Anual 2025 ya recoge varias quejas relativas a escuelas infantiles y señala entre las deficiencias detectadas la insuficiencia de personal y la carencia de auxiliares de apoyo. El documento subraya además que el funcionamiento eficiente de estos centros no solo garantiza una adecuada atención educativa, sino que contribuye a otras políticas sociales como la igualdad de género y el acceso al mercado laboral.
Si falla un servicio de cuidados, las consecuencias no se reparten por igual
Padrón advierte de que la falta de alternativas públicas durante la primera infancia tiene también una dimensión clara de género. Cuando un aula deja de funcionar, aunque sea temporalmente, las familias tienen que reorganizar horarios, buscar alternativas o asumir directamente el cuidado de los menores.
Cuando estos servicios fallan, la reorganización de los cuidados sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres, con consecuencias directas sobre su empleo, sus ingresos y sus oportunidades profesionales. “Cuando falla un recurso público de cuidados, ese trabajo no desaparece: alguien tiene que asumirlo. Por eso hablar de escuelas infantiles es también hablar de igualdad y de autonomía económica de las mujeres”, afirma Padrón.
La Diputada insiste en que las escuelas infantiles no pueden analizarse únicamente en función del número puntual de matrículas o desde criterios económicos, sino atendiendo también a su papel en la atención a la infancia, la conciliación y la igualdad de oportunidades.
Anaga: las dificultades se van acumulando
La Diputada conecta además este episodio con una realidad territorial que la población de Anaga ya había trasladado anteriormente a la institución.
El pasado mes de abril, representantes de la plataforma Unidos por Anaga presentaron una queja formal relacionada con la gestión del Parque Rural. Entre las cuestiones planteadas figuraban la saturación del tráfico, los retrasos en desplazamientos esenciales, las dificultades con el transporte escolar, la escasez de aparcamientos y carencias en limpieza, seguridad y prevención de incendios. Los vecinos reclamaban además mayor participación en las decisiones que afectan al territorio.
En aquel encuentro, Padrón defendió que la protección del entorno debe ser compatible con la permanencia de la población y con un desarrollo equilibrado del medio rural.
La situación de la escuela infantil añade ahora una nueva dificultad a esa realidad cotidiana.
“No podemos hablar de combatir la despoblación si se debilitan los recursos que permiten a las familias vivir en sus pueblos. Para cuidar un territorio no basta con proteger su paisaje: hacen falta personas que puedan trabajar, criar y desarrollar allí su proyecto de vida”, afirma Padrón.
La Diputada advierte de que estas dificultades tienen un impacto especialmente relevante en las zonas rurales y barrios alejados, donde la desaparición o inestabilidad de un servicio no siempre puede compensarse con otro situado a pocos kilómetros. Cuando a los problemas de movilidad se suman dificultades de conciliación, vivienda, transporte, sanidad o educación, permanecer en el territorio resulta cada vez más complejo.
Territorios habitados frente a la despoblación y el cambio climático
Padrón subraya que mantener población estable, actividad económica y usos vinculados al territorio contribuye a conservar comunidades más vivas y con mayor capacidad para gestionar su entorno.
La II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, aprobada en julio de 2026, vincula precisamente la lucha contra la despoblación con el acceso equitativo a servicios esenciales, la igualdad y el arraigo, al tiempo que incorpora como uno de sus pilares la resiliencia y adaptación de los territorios rurales frente a la emergencia climática.
Además, los análisis sobre incendios extremos advierten de que factores como el abandono rural, la acumulación de combustible y la pérdida de determinados usos tradicionales pueden incrementar la vulnerabilidad del territorio frente al fuego, en un escenario agravado por el cambio climático.
“La política social, la igualdad, la ordenación del territorio y la respuesta al cambio climático no pueden plantearse como compartimentos separados. Si queremos territorios vivos y resilientes, tenemos que garantizar las condiciones necesarias para que las personas puedan seguir viviendo en ellos”, sostiene.
Garantizar la continuidad de los servicios
Padrón considera necesario que el Gobierno de Canarias refuerce los mecanismos de sustitución y cobertura de bajas en las escuelas infantiles para evitar que la falta de personal vuelva a provocar interrupciones del servicio.
Asimismo, reclama que cualquier decisión sobre reorganización de centros, plantillas o recursos incorpore no solo criterios administrativos, sino también su impacto sobre la infancia, la conciliación, la igualdad entre mujeres y hombres y la permanencia de las familias en el territorio.
“Proteger el territorio también significa hacer posible la vida en él. Y eso exige servicios públicos capaces de responder con estabilidad a las necesidades de quienes han decidido quedarse”, concluye Lola Padrón.
