El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley para actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica en 2026, lo que elevará los recursos totales destinados a las comunidades hasta los 170.300 millones de euros, un 7,7% más que el pasado año. Se trata de la mayor cifra registrada hasta la fecha.
Según ha informado el Ministerio de Hacienda, las comunidades autónomas recibirán 157.731 millones en entregas a cuenta, lo que supone un incremento del 7% respecto a 2025. A esta cantidad se suma la liquidación del ejercicio 2024, que se abona este año, consolidando así un aumento global de más de 10.300 millones.
En el caso de Canarias, la financiación también alcanzará cifras récord. Las entregas a cuenta ascenderán a 7.098 millones de euros, un 7,6% más que el año anterior. Si se añade la liquidación de 2024, el archipiélago dispondrá de 8.167 millones, lo que supone un incremento del 8,6% respecto a 2025.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, destacó que estas cifras garantizan más recursos para sostener servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y la atención social, al tiempo que instó a las comunidades a reflejar este aumento en una mejora real de dichos servicios.
En cuanto a las entidades locales, el Real Decreto-ley contempla un incremento del 8,8% en las entregas a cuenta, alcanzando los 29.247 millones de euros a nivel estatal. Sumando la liquidación, la financiación total para ayuntamientos se situará en 30.073 millones. En Canarias, los ayuntamientos y diputaciones percibirán 1.437 millones, un 9,2% más que en el ejercicio anterior.
La norma introduce además medidas para favorecer la inversión municipal. Entre ellas, permite a las entidades locales utilizar su superávit y remanentes de tesorería para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles, incluyendo proyectos en vivienda durante los próximos cuatro años. Estas inversiones podrán tener carácter plurianual, facilitando actuaciones de mayor envergadura.
Asimismo, se flexibilizan las reglas fiscales para ayuntamientos saneados, que no tendrán que presentar planes económico-financieros en determinados casos, y se evita la devolución de cantidades vinculadas al Impuesto de Actividades Económicas de la telefonía móvil tras recientes sentencias judiciales.
Con este paquete de medidas, el Gobierno busca reforzar la capacidad financiera de comunidades y ayuntamientos, impulsar la inversión pública y garantizar la prestación de servicios básicos en todo el territorio.
