- La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, presenta un documento que denuncia la nula información recibida a 12 días de la entrada en vigor de la nueva normativa de la UE
- El informe se suma a la carta enviada por el presidente Clavijo a Pedro Sánchez en la que traslada la preocupación compartida con Euskadi por las consecuencias que el Pacto puede acarrear en ambos territorios
Canarias exige de forma oficial al Estado información urgente sobre los recursos y plazos para la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Así lo ha acordado este lunes el Consejo de Gobierno tras la aprobación del informe presentado por la consejera de Bienestar Social, Igualdad Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en el que se constata la nula información recibida a solo 12 días de su entrada en vigor.
Esta iniciativa se suma a la misma demanda de información que realizó el presidente Fernando Clavijo al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, a través de una carta enviada el pasado 26 de mayo, en la que trasladaba la preocupación del Gobierno de Canarias, compartida con el lehendakari vasco, “por las consecuencias que puede acarrear el nuevo reglamento europeo en nuestros respectivos territorios”.
El titular del Gobierno canario insta a Sánchez a que “convoque a la mayor brevedad a todas las comunidades autónomas al objeto de mantener una reunión en la que se nos traslade toda la información relativa a la inminente aplicación del Pacto y las consecuencias directas que tendrá este nuevo marco legal en nuestro territorio, principalmente en Canarias, teniendo en cuenta nuestra condición de frontera sur de Europa”.
En su carta, Clavijo transmite al presidente del Gobierno español que la aplicación inminente del Pacto Europeo de Migración genera “una gran incertidumbre” en el archipiélago, sobre todo porque “los períodos de espera de los migrantes que llegan a Canarias podrían alargarse durante un largo plazo de tiempo, debido a los controles que impone la nueva legislación europea”. Ese cambio normativo, añade, “generaría un importante tapón, convirtiendo a Canarias en una suerte de prisión para miles de personas y generando una gran presión para los centros de atención y acogida, ya fuertemente tensionados”.
El informe aprobado hoy -que incorpora las aportaciones del Foro Canario de la Inmigración, órgano consultivo de la Comunidad Autónoma en materia migratoria- indica que, ante la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, el próximo 12 de junio de 2026, “Canarias no ha sido tomada en cuenta ni informada sobre cómo afectará a las islas y, de hecho, a fecha de hoy, todavía desconocemos las condiciones específicas de su despliegue en el territorio nacional y su proyección en las distintas comunidades autónomas, sobre todo en aquellas que sufren un mayor tránsito migratorio como es el Archipiélago canario”, explicó la consejera del área, Candelaria Delgado.
Ante esta situación, el Ejecutivo canario demanda a las instituciones competentes, principalmente el Ministerio del Interior y demás departamentos con competencias afectadas, información sobre la dotación de recursos que se prevén para cubrir las necesidades específicas y cumplir con los plazos que se establecen sin que detraigan recursos de las políticas ordinarias de sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, empleo, formación, seguridad, infraestructuras o desarrollo económico.
Presión sobre el sistema
En su intervención en rueda de prensa posterior al Consejo, Delgado recordó que Canarias, región ultraperiférica y frontera sur de la Unión Europea, ha soportado durante los últimos años una elevada presión migratoria que se ha traducido en la llegada de 165.562 personas en 3.216 embarcaciones entre los años 2020 y 2025, “a lo que hay que sumar la llegada de menores y adolescentes migrantes no acompañados, que en la actualidad constituyen un total de 2.989 bajo tutela del Gobierno de Canarias”.
“La presión sobre el sistema autonómico de protección es muy elevada, mientras que los mecanismos de distribución hacia otras comunidades autónomas y hacia otros Estados miembros de la UE siguen siendo insuficientes”, enfatizó.
La consejera subrayó que Canarias ha sido excluida en la elaboración y diseño del Plan Nacional, por lo que exige su participación “en los mecanismos de seguimiento de los procedimientos como es el sistema de seguimiento y control de condiciones de acogida y exige que se cuente con el Gobierno de Canarias en lo que se refiere a la información y toma de decisiones sobre los diferentes aspectos que se desarrollarán en el marco del Pacto y en los Planes de Contingencia, de manera que puedan conocer de forma directa su desarrollo, anticipar necesidades, trasladar incidencias y contribuir a que su aplicación se ajuste adecuadamente a las singularidades territoriales, económicas, sociales e institucionales del Archipiélago.”
Delgado hizo un llamamiento en relación a “la continua y dramática pérdida de vidas humanas” en la denominada ruta atlántica, considerada como una de las más peligrosas del mundo, en la que 1.906 personas fallecieron en 2025 mientras intentaban alcanzar las costas canarias, según datos de oenegés como Caminando Fronteras.
“La participación del Gobierno de Canarias no debe entenderse como una cuestión meramente consultiva, sino como una condición necesaria para anticipar impactos, coordinar respuestas y preservar la cohesión social en los territorios afectados”, concluyó.
