La asociación reclama máxima transparencia en las compensaciones concedidas a personas físicas afectadas por el volcán y sostiene que la confidencialidad no fue una demanda de los damnificados ni figuraba en el texto inicial de la Ley de Volcanes.
La Asociación Tierra Bonita considera injustificado que se mantenga oculta la identidad de las personas físicas beneficiarias de las compensaciones económicas concedidas por el Gobierno de Canarias tras la erupción volcánica de 2021 en La Palma. El colectivo reclama que se aplique el principio de máxima transparencia a estas ayudas públicas y advierte de que la reserva de estos datos no fue una reivindicación general de la población damnificada.
La entidad, que mantiene además un litigio judicial con el Ejecutivo autonómico para solicitar la difusión de las actas y grabaciones del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA) anteriores a la erupción, critica la decisión de anonimizar a los receptores de las denominadas compensaciones por el valor de los bienes perdidos.
El asunto se encuentra actualmente judicializado después de que el Gobierno de Canarias recurriera el requerimiento del Comisionado de Transparencia de Canarias para hacer pública esta información. A ello se suma el recurso anunciado por el PSOE ante la negativa del Ejecutivo regional a facilitar a la oposición parlamentaria el listado de beneficiarios.
Tierra Bonita aclara que no cuestiona el objetivo de las subvenciones, al entender que permitir a las personas afectadas recuperar sus proyectos de vida es una reivindicación legítima. Sin embargo, rechaza que se declare confidencial la identidad de quienes las reciben.
El Gobierno canario ha argumentado que el importe concedido podría permitir deducir la situación económica de los afectados antes de la erupción. Frente a esta posición, la asociación sostiene que identificar a los beneficiarios no afecta a su honor, intimidad ni revela datos especialmente sensibles.
El colectivo añade que el artículo que establece esta confidencialidad en la Ley 5/2025, de Volcanes de Canarias, no figuraba en el texto original de la iniciativa legislativa popular promovida por damnificados de la erupción, que contó con el respaldo de cerca de 19.000 firmas.
Ayudas de más de un millón
Según el análisis realizado por Tierra Bonita a partir de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de Canarias desde 2024, tres de las compensaciones concedidas a destinatarios anónimos superan el millón de euros: 1.549.220,07 euros, 1.500.000 euros y 1.197.404,12 euros.
Asimismo, la asociación señala que otras tres ayudas superan los 800.000 euros, con importes de 934.776,96 euros, 822.264,04 euros y 818.546,68 euros.
En el tramo de entre 500.001 y 800.000 euros constan 12 beneficiarios; entre 400.001 y 500.000 euros, 22 perceptores; y entre 300.001 y 400.000 euros, 40 ayudas concedidas. Además, Tierra Bonita contabiliza 97 compensaciones de entre 200.001 y 300.000 euros y 236 en la franja comprendida entre 100.001 y 200.000 euros.
La asociación precisa que estas cifras son orientativas e incompletas, al no incluir las últimas resoluciones publicadas este año. Aun así, entiende que reflejan la relevancia económica de estas subvenciones y refuerzan la necesidad de garantizar la fiscalización pública del proceso.
Tierra Bonita también cuestiona que la confidencialidad se aplique de forma distinta a personas físicas y jurídicas, ya que en el caso de las empresas sí se publican los nombres de las beneficiarias.
Recurso del PSOE
La entidad considera especialmente llamativo que ni siquiera una diputada del PSOE haya podido acceder a la relación nominal de perceptores para ejercer labores de control parlamentario. Según expone, un informe del Servicio Jurídico del Parlamento de Canarias concluyó que este dato no tiene la consideración de especialmente protegido y que denegar su acceso puede vulnerar derechos fundamentales de los diputados.
El PSOE ha anunciado la presentación de un recurso contencioso-administrativo para obtener el listado de beneficiarios. Tierra Bonita puntualiza que la formación no pretende divulgar los datos, sino poder consultarlos en el marco de su función fiscalizadora.
No obstante, la asociación reprocha también al PSOE y al resto de formaciones que han integrado los anteriores y actuales gobiernos canarios haber contribuido a mantener bajo reserva las actas y grabaciones del PEVOLCA.
Para Tierra Bonita, la falta de transparencia no afecta únicamente a las ayudas económicas o a las deliberaciones del PEVOLCA, sino también a los expedientes de obras públicas vinculadas a la reconstrucción de La Palma.
La entidad defiende que los fondos proceden de las arcas públicas y, por tanto, de los impuestos de la ciudadanía. Por ello, sostiene que la transparencia es una obligación ética con la sociedad palmera, canaria y española, además de una herramienta para prevenir arbitrariedades y reforzar la confianza en las instituciones.
“Si todo se ha hecho bien con estas ayudas, nadie tiene nada que temer”, concluye el colectivo, que insiste en que el control social sobre el uso de dinero público resulta necesario para evitar posibles irregularidades o malos usos.
