El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado su dimisión tras los dos graves accidentes registrados en la alta velocidad española en menos de un año, el último de ellos en Urda, que se ha saldado con 69 muertos y decenas de heridos. Puente comunicó su decisión en la Diputación Permanente del Congreso, tras comparecer para explicar lo sucedido y las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros.
“Un ministro no puede estar en el cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año”, afirmó Puente, quien justificó su salida por “dignidad política”. El ministro anunció además que no será cabeza de lista del PSOE por Valladolid en las próximas elecciones generales.
Durante su primera intervención, Puente mantuvo un tono institucional y repasó la cronología del accidente de Urda, así como el paquete de medidas aprobado este martes por el Consejo de Ministros para reforzar la seguridad ferroviaria. Entre ellas figuran la reducción de la frecuencia de trenes en la línea Madrid-Sevilla y la obligación de que un segundo controlador de Adif valide las órdenes si cae el sistema LZB mientras los trenes circulan.
El Gobierno también ha aprobado un paquete de 30 millones de euros en ayudas para las familias de las víctimas y los supervivientes, que contempla el anticipo de indemnizaciones, la duplicación de la cuantía de los seguros obligatorios de pasajeros y una incapacidad temporal específica para las víctimas.
En su réplica, Puente cargó con dureza contra la oposición, especialmente contra la portavoz del PP, Ester Muñoz, que había exigido su dimisión y criticado su gestión tras la tragedia. El ministro defendió que la responsabilidad política debe valorarse según si una actuación u omisión ha contribuido a causar un daño y según la respuesta ofrecida, y acusó al PP de no haber asumido responsabilidades en otras catástrofes.
Muñoz calificó de “perturbadora” la forma en que Puente ha afrontado los accidentes de Urda y Adamuz, y reprochó al ministro la filtración de los audios de la conversación entre el maquinista del AVE y el Centro de Control de Atocha. Por su parte, la portavoz de Vox, Pepa Millán, cuestionó la gestión de Puente y exigió que se depuren responsabilidades judiciales, no solo políticas.
Las críticas también llegaron desde socios del Gobierno. Izquierda Unida consideró insuficientes las explicaciones y cuestionó el modelo de liberalización ferroviaria; Sumar pidió la dimisión por responsabilidad política y puso el foco en las condiciones laborales del personal ferroviario; ERC emplazó a Puente a no dar argumentos a PP y Vox aferrándose al cargo; y el PNV también reclamó su dimisión, al entender que dar explicaciones no basta para recuperar la confianza perdida.
EH Bildu fue la única formación que no pidió expresamente su dimisión. Su portavoz, Mertxe Aizpurua, rechazó las dinámicas de señalar y sentenciar a posibles responsables, aunque cuestionó que una equivocación humana puntual pueda desencadenar un accidente de esta magnitud.
Junts atribuyó la tragedia a “muchos años de mala gestión, desinversión y centralización” y criticó que se haya priorizado la inauguración de nuevas vías frente al mantenimiento de la red existente.
