Fernando Ruiz y Gemma Martínez Soliño cuestionan un paquete estatal que, según Podemos Canarias, protege parcialmente pero no crea vivienda asequible.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (GRAN CANARIA), 1 de octubre de 2026 – Podemos Canarias ha cuestionado este miércoles el alcance real del Real Decreto-ley 26/2026 de vivienda y su adaptación a la realidad del Archipiélago. El secretario de Comunicación, Fernando Ruiz, y la concejala de Las Palmas de Gran Canaria Gemma Martínez Soliño han comparecido ante los medios para advertir de que varias medidas anunciadas por el Gobierno de PSOE y Sumar no pueden aplicarse en las islas y no incorporan vivienda residencial al mercado. El decreto entró en vigor este 1 de octubre y sigue pendiente de convalidación parlamentaria.
Ruiz ha criticado que el artículo 1 no establece una prohibición general de compra para fondos de inversión. Limita hasta finales de 2028 determinadas adquisiciones de entidades inmobiliarias cuando se realizan por debajo del 70 % de la tasación, además de contemplar excepciones. Tampoco obliga a movilizar las viviendas que esas entidades ya poseen. «Vender esto como el cierre de la puerta a los fondos buitre es esconder la letra pequeña. Pueden seguir comprando y pueden seguir reteniendo viviendas. La pregunta que una familia canaria hace hoy es mucho más sencilla: ¿cuántas casas van a volver al mercado y a qué precio?», ha afirmado Ruiz. El análisis elaborado por Podemos Canarias concluye igualmente que la restricción no recupera el parque ya adquirido por esos operadores.
El secretario de Comunicación también ha censurado que el paquete se haya dividido en dos normas. «No se puede gobernar una emergencia habitacional a base de titulares fragmentados. Lo anunciado no es lo aprobado y las familias necesitan derechos efectivos, no promesas pendientes del siguiente decreto», ha señalado. La formación subraya que la prórroga vigente alcanza hasta dos años, bajo requisitos, mientras la renovación indefinida anunciada queda fuera del texto publicado.
Martínez Soliño ha puesto el foco en el «desajuste territorial» del decreto. «Se ha pensado desde una realidad fiscal y territorial que no es la canaria», ha afirmado. En las islas no se aplica IVA, sino IGIC. Por ello, el nuevo tratamiento estatal del IVA para determinados alquileres turísticos no introduce en Canarias ese impuesto. La documentación analizada recuerda además que el alojamiento vacacional ya dispone de tratamiento fiscal mediante IGIC. «Cobrar un impuesto no devuelve una vivienda turística al alquiler residencial. Canarias ya tiene fiscalidad sobre esta actividad y eso, por sí solo, no ha resuelto el acceso a la vivienda», ha añadido Martínez Soliño.
La concejala también ha cuestionado que las rebajas fiscales a promotores puedan presentarse como una respuesta directa al precio. El RDL amplía el IVA superreducido del 4 % para determinadas viviendas protegidas, mientras en Canarias algunas operaciones protegidas ya pueden acogerse al 0 % de IGIC bajo requisitos. Ninguno de esos instrumentos garantiza, por sí mismo, una reducción del precio final ni una vivienda adicional entregada, subrayan. «Una rebaja fiscal al promotor no es una llave en manos de una familia. Si no existe precio final asequible, protección duradera y obligación de entrega, el beneficio público termina en mayor beneficio privado», ha señalado.
Ruiz y Martínez Soliño también han advertido de las limitaciones territoriales para aumentar rápidamente la construcción. El informe de Podemos Canarias recuerda que construir exige suelo legalmente apto, urbanizado y conectado a servicios, cuya disponibilidad es desigual entre islas y municipios. Frente a ello, la formación plantea priorizar la rehabilitación, la movilización de vivienda vacía y el incremento del parque público.
La formación ha cuestionado igualmente el enfoque de financiación a la compra. El préstamo «TU CASA» previsto en el artículo 19 puede alcanzar el menor importe entre el 20 % del valor y 50.000 euros, al 0 %, pero requiere desarrollo posterior para concretar beneficiarios y condiciones. «Un crédito permite que más personas compitan por las mismas viviendas, pero no construye una sola casa», ha afirmado Ruiz. «Si aumenta la demanda solvente mientras la oferta permanece bloqueada, puede producir un aumento de los precios. La vivienda necesita más llaves, no únicamente más deuda».
Podemos Canarias ha reclamado finalmente medidas orientadas a aumentar oferta residencial efectiva: movilización y rehabilitación de viviendas vacías, ampliación del parque público, recuperación de inmuebles para uso residencial y garantías públicas para pequeños propietarios. «Proteger a quien ya tiene vivienda alquilada es imprescindible», ha concluido Martínez Soliño. «Pero quien hoy está buscando casa necesita algo que este decreto no garantiza: una vivienda disponible, en su isla, a un precio compatible con los salarios canarios, y sobre eso no se ha planteado nada».
