El diputado de Coalición Canaria por La Palma y alcalde de Breña Alta, Jonathan Felipe, ha solicitado al Gobierno de Canarias la aprobación urgente de un Decreto-Ley que garantice la seguridad jurídica de los propietarios de viviendas de alquiler vacacional, especialmente en las denominadas Islas Verdes. La petición llega tras el rechazo del PSOE y Nueva Canarias a una iniciativa presentada por los nacionalistas en el Parlamento autonómico.
Felipe defiende que esta medida es clave para evitar la pérdida de camas turísticas en territorios con menor capacidad alojativa, como La Palma, en un momento de transición hacia nuevos estándares de calidad en el sector. “La isla no puede permitirse perder ni una cama turística mientras se adapta a los parámetros exigidos”, subraya.
La propuesta plantea la creación de un marco transitorio con requisitos básicos que permita a los propietarios continuar con su actividad mientras se ajustan a la normativa vigente. Entre las exigencias mínimas se incluirían la presentación de un plano de la vivienda, fotografías del inmueble y la acreditación administrativa correspondiente.
Asimismo, el planteamiento contempla que las edificaciones ya en funcionamiento, aunque no estén plenamente adaptadas a la legalidad actual, puedan seguir operando si acreditan medidas de seguridad esenciales, como sistemas contra incendios o condiciones adecuadas en el caso de disponer de piscina. El texto también recoge una moratoria de cinco años para completar la adaptación a la normativa.
El diputado nacionalista lamenta que esta propuesta no prosperara durante la tramitación parlamentaria de la ley de agilización y simplificación de licencias, tras el voto en contra de PSOE y Nueva Canarias. A su juicio, esta negativa deja en una situación de incertidumbre a numerosos propietarios y pone en riesgo parte de la oferta turística de las islas con menor desarrollo alojativo.
En el caso de La Palma, Felipe recuerda que la isla continúa en proceso de recuperación tras la erupción volcánica de 2021, que supuso la pérdida de viviendas, incluidas muchas destinadas al alquiler vacacional. En este contexto, insiste en la necesidad de facilitar la continuidad de la actividad turística como motor económico.
Además, destaca que la normativa autonómica de reconstrucción ya reconoce el derecho a recuperar edificaciones residenciales, incluidas las destinadas a uso turístico, siempre que estuvieran en situación legal o asimilada. En la misma línea, la legislación específica para la recuperación del Valle de Aridane contempla la restitución de los usos turísticos preexistentes.
Por ello, Jonathan Felipe considera incoherente que se permita la reconstrucción de viviendas vacacionales afectadas por el volcán y, al mismo tiempo, no se garantice un marco legal claro para su explotación. “No tendría sentido reconocer ese derecho y generar a la vez inseguridad jurídica que impida desarrollar una actividad esencial para la recuperación económica de la isla”, concluye.
