La portavoz de Drago La Palma, Sara Hernández, se reunió con Iria Campelo, la trabajadora a la que el TSJC le otorgó una indemnización por el estrés causado.
Además de exigir responsabilidades, Hernández defendió que «la ciudadanía palmera merece una atención digna y las trabajadoras no deben soportar estas condiciones».
Drago La Palma se reunió con Iria Campelo, trabajadora del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Santa Cruz de La Palma, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias condenara a la institución por el estrés que le había causado debido a la falta de personal.
La reunión tuvo lugar en la jornada de ayer, lunes 13 de julio, con el objetivo de denunciar la situación de falta de personal que se sigue produciendo en la oficina, exigir responsabilidades a las personas que permitieron que esta situación se produjera y, en general, defender unos servicios públicos de calidad.
Esta reunión se produjo después de que Drago La Palma trasladara al Congreso de los Diputados el pasado mes de junio varias preguntas sobre la situación de Iria, con especial incidencia en la depuración de responsabilidades, que es la cuestión que más preocupa a la trabajadora actualmente.
En este sentido, en un vídeo para redes sociales que se grabó en la jornada de ayer, Hernández explicó precisamente que «la justicia ya le ha dado la razón a Iria y le ha concedido una indemnización, pero aún queda una pregunta en el aire y es precisamente una de las cuestiones que desde Drago La Palma hemos trasladado al Congreso de los Diputados» y lanzó la pregunta: «¿Se van a tomar acciones contra las personas que permitieron que esta situación se produjera?».
Asimismo, sobre las medidas necesarias para que este tipo de situaciones no sigan produciéndose, la portavoz de Drago La Palma señaló que «la solución pasa por algo muy sencillo, más inversión en servicios públicos y más respeto hacia quienes los sostienen cada día».
Además, sobre el perjuicio que esto genera a la población palmera, Hernández hizo hincapié en que «la ciudadanía de La Palma merece una atención digna y las trabajadoras no deben soportar estas condiciones».
