El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha situado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de una presunta trama de tráfico de influencias vinculada al rescate de la aerolínea Plus Ultra, una investigación en la que se analizan posibles delitos de organización criminal, falsedad documental y obtención de beneficios económicos ilícitos.
Según el auto judicial, Zapatero habría liderado una estructura “estable y jerarquizada” que utilizaba contactos políticos y acceso a altos cargos de la Administración para favorecer intereses empresariales concretos. El objetivo principal de esta red habría sido influir en la concesión de ayudas públicas, en particular los 53 millones de euros otorgados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la aerolínea.
El magistrado sostiene que esta organización operaba a través de distintos niveles. En la cúspide situaría al propio expresidente, mientras que en un segundo escalón figuraría su entorno más cercano, incluyendo colaboradores encargados de intermediar con clientes y gestionar sociedades vinculadas. Estas estructuras empresariales, algunas de ellas en el extranjero, habrían servido para canalizar pagos y ocultar el origen de los fondos.
La investigación apunta a que parte de los ingresos obtenidos mediante esta operativa se habrían transferido tanto al propio Zapatero como a sociedades relacionadas con su entorno familiar. En este sentido, el juez analiza movimientos económicos que incluirían pagos por supuestos servicios de asesoría, utilizados presuntamente como cobertura documental para justificar transferencias de dinero.
Además, el auto recoge indicios de que la trama no solo operó en España, sino también en el ámbito internacional, con actuaciones dirigidas a facilitar intereses de la aerolínea en terceros países. Entre ellas, gestiones relacionadas con autorizaciones aeronáuticas en Venezuela, que formarían parte de una estrategia global de influencia.
Uno de los elementos clave de la investigación es la posible existencia de información privilegiada, ya que algunos de los implicados habrían tenido conocimiento anticipado de decisiones administrativas relacionadas con el rescate antes de su aprobación oficial.
En el marco de esta causa, Zapatero ha sido citado a declarar como investigado el próximo 2 de junio. La investigación, que se inició a partir de actuaciones contra el blanqueo de capitales, trata de esclarecer si el expresidente utilizó su posición y relaciones para obtener beneficios económicos a través de intermediaciones irregulares.
Por su parte, el expresidente ha negado cualquier irregularidad y sostiene que los trabajos realizados en los últimos años corresponden a actividades profesionales legítimas, desvinculadas del rescate de Plus Ultra.
El caso ha generado un fuerte impacto en el ámbito político y judicial, al tratarse de la primera vez que un expresidente del Gobierno en España es investigado en una causa de estas características, lo que añade presión al escenario político nacional.
