Liberación Canaria exige evaluar los riesgos de la entrada de Marsa Maroc en terminales de Boluda en Canarias
La organización Liberación Canaria ha reclamado al Gobierno español que no autorice la anunciada adquisición por la empresa marroquí Marsa Maroc del 45% de Boluda Maritime Terminals, valorada en 80 millones de euros, sin una evaluación exhaustiva, independiente y documentada de sus posibles efectos sobre Canarias. La operación afecta a terminales situadas en los puertos de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Arrecife, Puerto del Rosario y Santa Cruz de La Palma.
La organización considera que la operación, pendiente de autorización estatal, plantea interrogantes sobre la seguridad económica, la competitividad portuaria, la protección de información comercial estratégica y la capacidad del Archipiélago para garantizar su abastecimiento. Aunque una participación minoritaria no implica automáticamente el control de las instalaciones, Liberación Canaria advierte de que podría otorgar influencia en decisiones empresariales y acceso a información relevante.
Los puertos son, según la organización, infraestructuras vitales de las que dependen el suministro de alimentos, medicamentos, combustibles y materias primas, además de miles de empleos vinculados al transporte, la logística, la reparación naval, el comercio y la industria. Por ello, considera que cualquier decisión que afecte a su funcionamiento debe priorizar las necesidades económicas y sociales de Canarias.
Liberación Canaria enmarca la operación en la expansión portuaria y logística que Marruecos impulsa en el entorno atlántico, especialmente a través del proyecto Dajla Atlántico, situado en el Sáhara Occidental, territorio que la organización recuerda que permanece pendiente de descolonización conforme a Naciones Unidas. Estas infraestructuras, advierte, podrían competir con los puertos canarios por tráficos marítimos, inversiones, rutas comerciales y servicios logísticos.
Entre sus demandas, la organización pide un informe integral de seguridad económica y portuaria que analice los efectos sobre el abastecimiento, el empleo, la competencia, las inversiones y la conectividad marítima. También exige la participación formal de las instituciones canarias y de las autoridades portuarias afectadas, así como garantías sobre el acceso a información estratégica, los derechos societarios, la continuidad operativa y los posibles conflictos de intereses.
La organización defiende que el Gobierno español deniegue motivadamente la autorización si no se acreditan garantías suficientes. Además, propone negociar un nuevo marco jurídico y competencial entre Canarias y el Estado que permita una gestión portuaria canaria efectiva.
Como propuesta estructural, Liberación Canaria plantea crear una Autoridad Canaria de Gestión Estratégica de Puertos y Aeropuertos, con competencias para planificar, gestionar y desarrollar las infraestructuras estratégicas del Archipiélago. Esta medida se enmarca en su propuesta de Autonomía Plena Interna, la soberanía del mar canario y una relación diferenciada con el Estado español y la Unión Europea, incluida la asociación especial como País y Territorio de Ultramar (PTU).
La organización también defiende recuperar y modernizar el modelo histórico de Puertos Francos, desarrollar plataformas logísticas internacionales, fortalecer la economía azul y la reparación naval, y establecer nuevas relaciones comerciales con África Occidental, Europa y América. Insiste en que mantiene una apuesta por la cooperación y la buena vecindad con Marruecos y los países africanos, pero desde la defensa de los intereses de Canarias.
