El Comisionado de Transparencia estima íntegramente la reclamación presentada por la portavoz del PP, Nayra Castro, tras no recibir respuesta a su solicitud sobre los beneficiarios de las líneas y las facturas de consumo.
El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias ha estimado íntegramente la reclamación presentada por la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de El Paso, Nayra Castro, al no haber recibido respuesta a una solicitud de información municipal relacionada con los beneficiarios de las líneas telefónicas del Ayuntamiento y las facturas derivadas de su consumo.
La resolución concluye que el Ayuntamiento de El Paso incumplió su obligación de responder a la solicitud formulada por la concejal popular. Además, pone de manifiesto que la corporación municipal tampoco remitió el expediente solicitado ni presentó alegaciones ante el propio Comisionado cuando fue requerida para ello.
Como consecuencia, el órgano autonómico ha requerido al Ayuntamiento para que facilite la información solicitada en el plazo de quince días hábiles o, en su defecto, justifique formalmente su inexistencia, debiendo además acreditar posteriormente el cumplimiento de la resolución.
Nayra Castro señala que «lo único que hemos hecho es ejercer nuestra labor de fiscalización, solicitando información pública sobre el uso de líneas telefónicas municipales y las facturas de consumo asociadas. Lo preocupante es que haya que acudir al Comisionado de Transparencia para obtener una documentación que debería facilitarse con absoluta normalidad a cualquier representante público».
La portavoz popular recuerda que la propia resolución incide en que el derecho de acceso a la información de los concejales constituye un derecho reforzado, indispensable para el correcto ejercicio de las funciones de control y fiscalización de la acción de gobierno.
Desde el Partido Popular consideran especialmente preocupante que el Ayuntamiento ni siquiera respondiera al requerimiento formulado por el Comisionado de Transparencia, una circunstancia que el propio órgano advierte que podría derivar en responsabilidades por incumplimiento de las obligaciones de transparencia si esta conducta se repitiera.
«Los vecinos de El Paso tienen derecho a saber cómo se gestionan los recursos municipales y a quién se le está pagando una línea telefónica con dinero público. Esa información no puede ocultarse ni demorarse sin justificación. Seguiremos ejerciendo una oposición responsable, solicitando la información necesaria para fiscalizar la gestión municipal y defendiendo la transparencia como un principio irrenunciable de cualquier administración pública», concluye Castro.
