Cuatro trabajadoras sanitarias afiliadas al sindicato CSIF han conseguido una nueva sentencia que declara su condición de personal laboral fijo y les reconoce una indemnización de 2.000 euros a cada una por daños morales, en lo que supone el segundo fallo de este tipo en Canarias tras la doctrina del Tribunal Supremo de mayo de 2026.
La resolución, dictada el 10 de septiembre de 2026 por el Juzgado de lo Social número 7 de Santa Cruz de Tenerife, estima la demanda interpuesta contra el Instituto de Atención Social y Sanitaria de Tenerife (IASS) y pone fin a una situación marcada por la sucesión de contratos temporales durante “varios lustros”.
Doctrina del Supremo y normativa europea
La sentencia aplica con “más contundencia” la reciente doctrina del Tribunal Supremo —en particular la STS de 11 de mayo de 2026— y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asunto C‑726/2019, de 3 de junio de 2021), al considerar abusiva una contratación temporal “inusual o anormalmente larga” según la cláusula 5 del Acuerdo marco sobre trabajo de duración determinada (Directiva 1999/70/CE).
El juzgado declara el derecho de las demandantes a la fijeza por abuso de la contratación temporal y por haber “superado” un proceso selectivo para personal laboral fijo: aunque aprobaron la fase eliminatoria de oposición, no obtuvieron plaza en su momento porque se ofertaron menos puestos que aspirantes aprobados.
Indemnización por daños morales y precedente para el sector
Además de reconocer la fijeza, la resolución establece acumuladamente una indemnización de 2.000 euros por los daños morales causados a cada trabajadora, reforzando así la primera sentencia similar dictada en Canarias el 24 de junio de 2026 por el Juzgado de lo Social número 5 de Santa Cruz de Tenerife.
CSIF subraya que este procedimiento “no solo representa una victoria personal de las afectadas, sino también un reconocimiento a todos los trabajadores que durante años han sostenido los servicios públicos en condiciones de temporalidad abusiva”, y lo califica como un nuevo “varapalo” al IASS de Tenerife por su uso “alarmante” de contratos temporales inusualmente largos.
La defensa jurídica corrió a cargo de la abogada Selma Hernández Delgado, y el sindicato confía en que este segundo precedente abra la puerta a que otros profesionales sanitarios y sociosanitarios en situaciones similares reclamen la tutela de sus derechos.
