La Unidad de la Izquierda, integrada por Nueva Canarias, Podemos, Sí se puede e Izquierda Unida Canaria, ha presentado alegaciones contra el proyecto turístico previsto en el litoral de Puerto Naos y Charco Verde. La formación sostiene que el plan presenta deficiencias jurídicas, ambientales y de acceso público, y cuestiona su encaje en la actual situación social y económica de La Palma.eldiario
El documento recoge seis motivos de impugnación. El primero denuncia que, según la coalición, se abrió el periodo de información pública sin garantizar el acceso al expediente completo, que aseguran haber solicitado el 18 de agosto sin recibir respuesta.
También advierte de que la ordenación podría dificultar el acceso público a la playa de Charco Verde, al concentrar edificaciones turísticas en primera línea. La Unidad de la Izquierda sostiene que el proyecto no garantiza adecuadamente los accesos peatonales y los aparcamientos.
En materia de vivienda, la formación contrapone las 2.100 plazas turísticas que contempla el proyecto con la falta de nuevas viviendas de residencia habitual. Además, afirma que La Palma perdió más de mil viviendas a causa de la erupción volcánica y que todavía hay familias alojadas en contenedores. La capacidad máxima prevista por el instrumento es de unas 2.100 plazas en el litoral de Puerto Naos y Charco Verde.eldiario+1
Las alegaciones también señalan posibles afecciones a la fauna protegida y al suelo agrícola, y cuestionan la relación del proyecto con la variante El Remo-La Zamora, cuyo coste la coalición cifra en 350 millones de euros. Por último, denuncian que el documento utiliza distintas denominaciones para referirse al proyecto, algo que consideran una fuente de inseguridad jurídica.
La Unidad de la Izquierda defiende que la isla debe impulsar alternativas basadas en la economía productiva, la vivienda, las energías renovables y la soberanía alimentaria. Entre sus propuestas para los próximos cuatro años plantea incorporar 6.000 de las 12.000 viviendas vacías al parque público y elevar la producción renovable hasta el 60%.
Las críticas y objeciones jurídicas forman parte de la posición de la coalición, que considera que el proyecto no responde a las necesidades de recuperación de La Palma. El plan se encuentra en fase de consulta pública, con un máximo previsto de unas 2.100 plazas alojativas.
